Desde 1983, los presidentes firmaron 338 decretos secretos Menem sancionó 195, y Cristina sólo 1. Clarín quiso acceder al texto de todos, y el Gobierno lo negó. Ninguna ley lo obliga a publicarlos. Sin controles, se los usó para vender armas y cerrar embajadas. 
A veces el almanaque ofrece paradojas difíciles de imaginar. Mientras el país celebraba con entusiasmo el récord de 25 años ininterrumpidos que acaba de cumplir la democracia argentina, Clarín intentaba sin éxito echar luz sobre una de las sombras más oscuras de este período: el uso continuo y reiterado de decretos secretos por parte de todos los presidentes democráticos para ocultar varias de sus decisiones políticas. Desde 1983 se firmaron 338 de estos decretos que no son publicados, un promedio superior a uno por mes.
El proclamado interés por mejorar la calidad de las instituciones, manifestado con frecuencia por la Presidenta durante sus actos, no fue tan potente esta vez como para torcerle el brazo a la burocracia, o para decidir al Gobierno a homenajear al sistema en sus bodas de plata, revelando las normas presidenciales que en estos años permanecieron ocultas a los ojos de los argentinos.
La investigación comenzó en el Archivo General de la Nación, donde cada año se reciben desde Presidencia los originales de todos los decretos del Poder Ejecutivo sancionados el año anterior -en noviembre de 2008, por ejemplo, se archivaron todos los decretos de 2007- y el acta correspondiente, en la que se aclara la cantidad y los números de los decretos secretos o reservados que no están incluidos en el envío. Con el detalle anual de estas normas, Clarín intentó conocer su contenido a través de un pedido de acceso a la información pública -una herramienta creada por el ex presidente Kirchner a través del decreto 1.172 del 2003- dirigido a la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Tras un fútil intercambio de cartas que sólo contenían respuestas evasivas y nuevos pedidos para obtener información, el 16 de diciembre pasado la abogada de la Secretaría Ana Laura Brunetti fue al grano: "respecto a los decretos de carácter secreto o reservado -explica-, cabe informarle que no existe normativa genérica alguna que habilite su publicidad. Atento lo expuesto, no existe posibilidad jurídica de acceder a lo peticionado por usted". Es decir que no hay leyes ni reglamentos que permitan conocer el contenido de las normas secretas, y ni siquiera existen plazos para poder hacerlo.
Lo que sí se pudo saber -y Clarín revela hoy- es cuántos decretos que no fueron publicados firmó cada presidente. El ranking muestra que Alfonsín sancionó 97, Menem 195, De la Rúa 13, Duhalde y Kirchner 16 cada uno, y que en su primer año de gobierno Cristina firmó solamente uno, el decreto 628, del 14 de abril pasado. Este diario intentó en vano averiguar con distintos funcionarios de qué tema trata esa norma, y por qué motivos la Presidenta decidió usar una herramienta polémica a la que no volvió a recurrir. Sin operativos militares ni conflictos internacionales en la agenda, la única batalla que el gobierno libraba por aquellos días era contra los ruralistas que protestaban en las rutas por la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones de granos. ¿Habrá tenido algo que ver aquel conflicto con la decisión presidencial de recurrir al secreto para ocultar un acto de su gobierno? Es imposible saberlo. Al menos hasta que en la calle Balcarce lo expliquen voluntariamente, o cuando se sancione una ley que regule los motivos y la duración que puede tener un secreto de Estado.
Apenas un puñado de los 338 decretos secretos firmados en democracia logró ser conocido hasta ahora, y no justamente gracias a la convicción desinteresada de sus autores. La investigación judicial por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995 descubrió que esas operaciones se habían ordenado a través de tres decretos secretos de Carlos Menem -1.697 y 2.283 de 1991, y 103 de 1995-, y para intentar coagular la polémica que desató esta noticia en 1996 el propio Menem reveló el contenido de todos los decretos secretos que se habían usado hasta entonces para vender armas.
Así fueron publicadas 23 normas reservadas sancionadas entre 1984 y 1996, y se supo por ejemplo que en el primer año de su gobierno Raúl Alfonsín vendió 18 cañones a Irán -que en aquel momento estaba en guerra contra el Irak de Sadam Hussein-, y que durante el resto de su gobierno firmó otros trece decretos secretos para exportar armamentos a Bolivia, Perú, Kenya y Dinamarca. Claro, ninguna de estas operaciones fue objetada por la Justicia como las ventas a Croacia y Ecuador, dos países en guerra a los cuales la Argentina no podía proveer de material bélico porque sufrían embargos de las Naciones Unidas y la OEA.
Librados a la arbitrariedad de los presidentes, los decretos secretos no sólo se ocuparon de cuestiones relacionadas con asuntos militares. Apenas llegado a la Casa Rosada, el 25 de enero y el 22 de febrero de 2000, Fernando de la Rúa firmó las normas secretas 94 y 167, que autorizaban a la Cancillería para que auspicie el viaje a las islas Malvinas de los familiares de militares enterrados allá. "Son secretos porque esas personas prefirieron preservar su identidad", dijo entonces un funcionario, creyendo que con esa explicación bastaba.
En una entrevista, el primer secretario Legal y Técnico de De la Rúa, Héctor Rodríguez, dijo hace nueve años que los decretos secretos trataban de asuntos nucleares, organigramas de la Casa Militar, incorporación de personal a las Fuerzas Armadas, importación de material para las fuerzas de seguridad y -atención- la caja negra para la SIDE. Un detalle: el propio De la Rúa, varios de sus ex funcionarios y seis legisladores fueron procesados por el juez Daniel Rafecas bajo la acusación de haber pagado y cobrado coimas para sancionar la ley de reforma laboral. El arrepentido Mario Pontaquarto dijo que esa plata había salido de la SIDE.
Eduardo Duhalde también hizo un uso curioso de la potestad de sancionar decretos secretos. Con una montaña de gastos para afrontar con recursos mínimos, el 3 de mayo de 2002 firmó los decretos reservados 736 y 737, que dispusieron el cierre de varias embajadas y consulados argentinos. Un mes después, el 5 de junio, Duhalde dispuso publicar estas normas. Entonces se supo que el decreto 736 le bajó las cortinas a las embajadas en Bulgaria, Serbia, Jamaica y Trinidad y Tobago, y a los consulados de Atlanta y Houston, en Estados Unidos. Estas sedes diplomáticas, y otras mencionadas en anexos no publicados de aquellos decretos, fueron reabiertas por Néstor Kirchner durante el año 2004.
Aunque apeló a ellos mucho menos que sus antecesores, el primer patagónico que llegó a la Casa Rosada también se dejó tentar por la posibilidad de ocultar algunas de sus decisiones. En el decreto 162 del 5 de febrero de 2004, por ejemplo, Kirchner desarrolla en unas 300 fojas "cuestiones de inteligencia nacional" que no serían otras que un nuevo organigrama de funcionamiento de la SIDE.
Tampoco se hicieron públicos los anexos del decreto 1.345 de 2005, que el 1 de noviembre de ese año dispuso la "creación de la Fuerza de Tareas Conjunta 15". ¿Su misión? Garantizar la "seguridad defensiva" durante la IV Cumbre de las Américas realizada por esos días en Mar del Plata con la presencia estelar del presidente estadounidense George W. Bush. Aunque suene un poco anacrónico ante las posibilidades tecnológicas y de acceso a la información actuales, los famosos anexos secretos incluían la nómina del personal militar y de las fuerzas de seguridad que integrarían el operativo.
Algo similar ocurrió con el anexo I del decreto 912 de 2006, que Kirchner firmó el 19 de julio para "instalar y activar" un sector de Defensa Aeroespacial en la ciudad de Córdoba, con el objetivo de garantizar la seguridad durante la XXX Cumbre del Mercosur. ¿Tan vital era para los intereses nacionales ocultar los nombres del personal que trabajaría en esa misión?
Mientras los presidentes se empeñan en ocultar su contenido, aquí y allá se filtran datos inquietantes. Durante la discusión parlamentaria por la publicación de las leyes secretas (ver página 2
, en agosto de 2006, el diputado del ARI Adrián Pérez aseguró que "el problema eran y son los decretos secretos", y denunció que dos de esas normas habían servido para reasignar partidas "con destino a la financiación de campañas electorales. Uno con la firma de Duhalde, y otro con la de Kirchner". El único modo de desmentir esa acusación sería publicando los decretos. Algo que el gobierno acaba de negarle a Clarín.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, "la regla básica y general es que en una democracia no hay secretos; la transparencia es una condición esencial del sistema. Como excepciones excepcionalísimas, un Estado puede mantener bajo reserva determinados actos de gobierno para salvaguardar el interés general, pero según lo que pudo saberse en estos años muchos de los decretos secretos no respondieron a esta premisa, sino que fueron utilizados de una manera totalmente interesada."
Delia Ferreira Rubio, especialista en temas legislativos y presidenta de Poder Ciudadano, coincide: "en otros países democráticos también existen este tipo de decretos, pero se regulan con mucha precisión las áreas de políticas públicas en las que se los puede utilizar, y también durante cuánto tiempo mantienen el carácter de secretos. Acá, en cambio, no tenemos ninguna norma que los regule. Es un déficit de la democracia", concluye.
Efectivamente, en otros países las cosas son distintas. Suecia protegió el acceso público a sus documentos oficiales en 1766, y para mantener alguno bajo secreto hay que sancionar una ley específica. En Estados Unidos, los pocos documentos oficiales que se pueden ocultar deben desclasificarse a los diez años, y sólo secretos muy sensibles pueden guardarse por 25 años. La ley ecuatoriana establece un plazo máximo de 15 años para reservar papeles oficiales.
En Argentina, en cambio, una maraña de leyes, reglamentos y hasta resoluciones ministeriales vigentes desde 1944 permite a los funcionarios mantener bajo reserva desde decretos nacionales hasta simples disposiciones. Tras el fin de la dictadura, el decreto 333 de 1985 estableció que de los decretos secretos sólo se puede hacer y archivar una fotocopia autenticada. El decreto 382 de 1995, a su vez, reglamenta puntillosamente quiénes pueden pedir nuevas copias de los decretos secretos, y cómo deben hacerlo.
Los huecos de luz que lograron vulnerar la opacidad del Estado con respecto a este tema también ofrecen inconsistencias: en su respuesta escrita a este diario, cuyo texto completo puede leerse en clarín.com, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia enumera los decretos secretos y reservados firmados por cada presidente. Pero en la lista de esas normas sancionadas por Raúl Alfonsín en el año 1989 omite al decreto número 46, que según el acta oficial enviada al Archivo General de la Nación por el entonces director general de despacho de decretos, Ginés Ruiz, fue uno de los cinco decretos secretos firmados por el presidente radical entre el 3 de enero y el 7 de julio de ese año. Algo similar ocurre con el decreto secreto 581, firmado por Carlos Menem en 1991. ¿Error de tipeo? ¿Nuevo ocultamiento de datos sensibles? Otra vez, nadie puede saberlo. Otra vez.
Para qué se usaron
1995 - Venta ilegal de cañones, fusiles y municiones argentinos a Croacia y Ecuador.
.Con los decretos secretos 1.697 y 2.283 de 1991 se decidió la venta de municiones y fusiles FAL (como los de la foto) a Croacia. El decreto 103 de 1995, a su vez, oficializó el envío de armas a Ecuador. Las dos operaciones eran ilegales porque esos países estaban en guerra y sufrían embargos de armas por parte de la ONU.
2000 - Nómina de familiares de militares muertos en Malvinas que viajaron a las islas.
.En febrero de 2000 se realizó el primer viaje humanitario de parientes de militares caídos en la guerra al cementerio de Darwin bajo el gobierno de Fernando de la Rúa. Para ocultar la lista de pasajeros, el Presidente firmó los decretos secretos 94 y 167, mediante los cuales le ordenaba al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini que organizara la travesía en todos sus detalles.
2005 - Lista de militares que integraron el operativo de seguridad para la Cumbre de las Américas.
.El presidente de Estados Unidos George Bush y otros 32 líderes regionales llegarían a Mar del Plata para la IV Cumbre de las Américas, y Néstor Kirchner no quiso dejar nada librado al azar. Para organizar el operativo de seguridad firmó el decreto 1.345, y mantuvo en secreto el anexo con la nómina de los militares y gendarmes que participarían de él.
FALTAN MECANISMOS DE TRANSPARENCIA
La información del Estado tiene zonas inaccesibles y confidenciales El papel de Cobos en el conflicto con Chile, los archivos de la Conadep o el legajo de Bussi, bloqueados.
Le interesa saber cómo el Ejército registró la actuación del vicepresidente Julio Cobos como soldado durante el conflicto con Chile por las islas del Canal Beagle? Puede preguntárselo al Estado, es gratis, pero un funcionario le responderá, con demora y sin darle mayores explicaciones, que se trata de "información expresamente clasificada como reservada".
¿Pero cómo, si acaban de cumplirse 30 años del conflicto por las islas Picton, Lennox y Nueva? No importa, en la Argentina no existen mecanismos que obliguen a las autoridades a desclasificar el material reservado cuando se cumple un plazo razonable de tiempo, como en este caso.
Tampoco los ciudadanos pueden obtener datos contenidos en los legajos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada hace 25 años, porque la Secretaría de Derechos Humanos "se encuentra exceptuada de la obligación de proveer esa información", según la respuesta que envió a Clarín el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, en diciembre de2007.
No hay todavía una ley de acceso a la información, pero sí rige un decreto, el 1172 del año 2003, que mejoró la comunicación entre las autoridades y sus representados, aunque mantiene zonas inaccesibles a la mirada pública.
Clarín consultó por escrito a la Jefatura de Gabinete para precisar qué porcentaje de la información del Estado está considerada actualmente como "secreta" o "reservada". Desde la Subsecretaría de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, autoridad de aplicación del decreto de acceso a la información, se respondió que no contaban con ese dato.
En los últimos cuatro años, hubo 80 denuncias por incumplimiento de funcionarios en dar la información que se les pedía y 49 solicitudes, sobre un total de 2.405, fueron denegadas invocando las excepciones previstas por la normativa. En nueve casos se invocó el artículo que dice proteger la información sensible para el país "especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior".
Ahora, ¿quién decide cuál es la información que debe ser resguardada? ¿El funcionario de turno? ¿Cuáles son los criterios para negar la información? La respuesta oficial: "El proceso de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada no se encuentra regulado por el Reglamento General de Acceso a la Información Pública. Dicha norma no establece la obligación de generar un listado formal que indique cuáles son los temas vinculados que debieran manejarse como información clasificada".
En la recorrida por estos laberintos burocráticos, Clarín se topó con más puertas cerradas. Se pidió, por ejemplo, el legajo del general Antonio Bussi (foto), que en agosto pasado fue sometido por primera vez a juicio por violaciones a los derechos humanos. El proceso oral y la condena fueron transmitidas en vivo por el Canal 7, y la emisora oficial cubrió el juicio con amplio despliegue en Tucumán. Sin embargo, desde otra oficina del mismo Estado se contestó que el legajo de Bussi era algo secreto.
¿Había un motivo fundado para la denegatoria? No se sabe. Para averiguarlo, hay que hacer una denuncia por incumplimiento, "la instancia administrativa con la que cuenta el ciudadano en caso de no estar satisfecho con la respuesta recibida a su solicitud de información". La investigará la Oficina Anticorrupción, que luego le pasará el expediente a la Subsecretaría de Reforma Institucional, que resolverá finalmente si hubo o no incumplimiento. Si lo hubo, el funcionario que negó la información debería corregir su negativa a contestar.
Otra información sobre la misma persona -referida a la sanción que recibió Bussi por ocultar una cuenta en Suiza, hace 10 años- sí fue liberada, pese a que en el expediente abundaban los sellos con la palabra "confidencial". El criterio de censura cambia según el momento.
Hay cosas para mejorar y el Gobierno lo sabe, por eso, ahora promete analizar "mecanismos de clasificación, desclasificación y guarda de documentos".
COMO SENADORA, CRISTINA IMPULSO LA MEDIDA
Gracias a un escándalo, las leyes secretas ya fueron publicadas
El escándalo por el masivo pago de sobresueldos a funcionarios públicos -por el que María Julia Alsogaray, Raúl Granillo Ocampo y Oscar Camilión fueron procesados- disparó la polémica por la existencia de montones de leyes secretas vigentes, en algunos casos, desde el siglo XIX. En su defensa ante los jueces, los acusados intentaron justificarse diciendo que esos pagos extraordinarios estaban amparados por una ley secreta dictada en 1969 por el dictador Juan Carlos Onganía, mediante la cual se reglamentaba el uso discrecional de fondos reservados. Fue la punta del iceberg.
Una investigación publicada en Clarín en mayo de 2005 reveló que las leyes secretas eran 146, que la primera había sido votada en 1891 y que, en su mayoría, el contenido y los supuestos motivos del secreto invocado por los legisladores eran, como mínimo arbitrarios. Y en algunos casos, hasta risibles. Las leyes secretas sirvieron para fines tan curiosos como la donación de caballos de carrera a presidentes amigos en los años 70 y la compra de un juego de vajilla de porcelena para la quinta de Olivos.
Con 31 leyes secretas se decidió comprar armas y reorganizar a las Fuerzas Armadas, otras 12 dispusieron el despliegue de los efectivos de inteligencia por todo el país, y 14 más fueron utilizadas para preparar el aparato de represión política durante los años 60 y 70.
Cuatro leyes secretas manejaron el uso de fondos reservados del Estado. Con ellas, Onganía dispuso una sobreasignación para todo el personal de la Cámara Federal en lo Penal de la Nación, encargada de juzgar casos de "subversión", Isabel Perón le habría pagado una parte de la sucesión a las hermanas de Evita, y los gobiernos conservadores de los años 30 retribuyeron los servicios de los "buchones" barriales que eran parte esencial de su andamiaje político. Un dato muestra la incongruencia de los secretos con las instituciones de la democracia: el 90% de todas las leyes reservadas fueron sancionadas durante las dictaduras.
Este fue el argumento central de la senadora Cristina Fernández de Kirchner cuando impulsó la publicación de todas las leyes secretas, concretada en agosto de 2006. "Siempre hubo leyes secretas en la Argentina. No sólo hubo leyes secretas, también cárceles secretas y presos secretos", dijo entonces en el recinto. Ahora Cristina es Presidenta. Y a pesar de los reclamos de la oposición y las ONGs, todavía hay decretos secretos.
Fuente Clarin
Decretos Presidenciales: Secretos de Estado
